La preocupación en la industria inmobiliaria ha ido en aumento durante los últimos tiempos. Y no es para menos. Los motivos están ahí, camuflándose entre lo legal. Porque el culpable de tanta desazón tiene un nombre: el fraude. Un fenómeno que tiene que restringirse de forma tajante, sin miramientos. Ha sido durante los últimos años cuando los timos en el mercado de bienes raíces han llegado a cuadruplicarse, haciendo que las alarmas se enciendan en ciertas instituciones del sector. Una de estas alarmas es la que ha sonado en la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la cual ha decidido actuar adoptando el papel que le corresponde. Algunos representantes de esta sociedad han solicitado al gobierno federal la promulgación de leyes que promuevan la certificación profesional, una legislación que obligue a los agentes cierto grado de profesionalidad. Veamos el por qué de todo esto.
Últimos fraudes
Los últimos fraudes denunciados ante la AMPI en los estados de Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Querétaro están vinculados a la renta o venta de propiedades ficticias. En ocasiones incluso afectan a tierras federales. En esta última entidad, la asociación local presidida por Ernesto Zepeda quiere impulsar una ley en el Congreso del Estado, una normativa que sólo permita que sean personas certificadas las que desempeñen su labor en el ámbito inmobiliario. Las instituciones empiezan a movilizarse para lanzar de una vez por todas la profesionalización del sector.
Qué quiere la AMPI
Porque lo que la AMPI pide al gobierno, aquello que anda buscando con enorme afán, es la creación de una legislación que reglamente el sector a nivel nacional. Un compendio de normas que refuercen los principios ya vigentes en Ciudad de México. Recordemos que fue durante 2012 cuando se publicó la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios en la Gaceta Oficial, la cual fue actualizada en 2014. Una ley que obliga a los agentes a registrarse en el Padrón de Profesionales Inmobiliarios, castigando a quien incumpla con la disposición so pena de multas del 50% al 100% sobre el valor de las transacciones que hayan realizado.
Aunque bien es cierto que ya ha habido intentos para reglamentar el mercado en todo el país. Tentativas no muy lejanas. En diciembre de 2015, la AMPI presentó una petición ante la Cámara de Diputados conocida como Ley Inmobiliaria Nacional. Esta iniciativa pretende regular las operaciones de la industria inmobiliaria para erradicar los robos, lavado de dinero, estafas y engaños. Asimismo, plantea prevenir la forma en que actúan los agentes inmobiliarios sin capacidad profesional, de modo que los compradores puedan disfrutar de servicios fidedignos reglamentados por la ley, los cuales deben proteger sus intereses.
El papel de la educación
Es innegable la situación de cambio que está provocando la AMPI dentro del sector. Una evolución que requiere la máxima urgencia. ¿Pero qué se ha conseguido hasta el momento? ¿Qué mejoras ha habido en ese sentido?
Las pocas medidas que se han implementado hasta la fecha para contrarrestar la falta de profesionalidad vienen del campo de la educación. Sorprendente, pero cierto. En la actualidad ya existen algunas certificaciones oficiales destinadas a los agentes inmobiliarios, títulos que se obtienen asistiendo a cursos que se imparten en centros privados. Fijémonos por ejemplo en lo que ha ocurrido en la Universidad de la Salle, donde se acaba de inaugurar el diplomado de Gerente Inmobiliario. Unos estudios que se suman a los 16 con los que ya cuenta la institución. Este diplomado servirá para que los agentes puedan albergar una visión más amplia de lo que están vendiendo, teniendo conocimiento sobre la proyección de las zonas para saber cuáles se pueden comercializar. Pero que sea el ámbito de la enseñanza el único que ha movido un dedo a favor de la profesionalidad de los agentes es más que llamativo.
La preocupación estriba en que no hay un estricto control que penalice el ejercicio de la profesión sin una acreditación oficial. Algo sumamente necesario. De ahí que el gran desafío resida en promulgar una ley inmobiliaria drástica para empezar a aplicarla de inmediato. La AMPI ya lleva algún tiempo presionando al gobierno tras los últimos fraudes perpetrados en el sector. La pregunta es: ¿se cambiará la reglamentación actual algún día?